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Noruega no reconoce pensiones de jubilación a nuestros trabajadoresdel mar embarcados en sus buques hasta el año 1994 -más de 12.000,según la asociación gallega Long Hope-, por carecer de la condición de residentes mientras trabajaban allí, pagando sus impuestos. Su actual desprotección se agrava por el hecho de que España no computa eltiempo de embarque en dichos buques para el cálculo, aquí, deprestaciones de seguridad social. Un grave problema de desamparo legal reconocido por la Comisión Europea, que se ha desentendido del asunto proponiendo un convenio bilateral de seguridad social entre España yNoruega, pero siempre considerando que esta desprotección por falta de residencia era legal antes del Acuerdo sobre el Espacio EconómicoEuropeo. Desde luego, la respuesta sería distinta si se analizase laresidencia como requisito de afiliación al sistema noruego deseguridad social desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, quepermite calificar como condición excluyente y discriminatoria haberexigido la residencia para tal inclusión -también antes de 1994-,vulnerando derechos fundamentales universalmente reconocidos, ya que-reparando en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de DerechosHumanos- hay diferencia de trato discriminatoria por razón denacionalidad, al no exigirse la residencia, por el contrario, a losnacionales noruegos empleados en los mismos barcos, sin que existajustificación objetiva y razonable para ello.